La Vía Pública se hace escuchar
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Debido a las nuevas leyes de cambio en materia de políticas de Espacio Público que el nuevo gobierno de Macri quiere promover, La APE (Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior) junto a otras entidades, ha realizado una campaña masiva en este medio para concientizar sobre el efecto que pudiera tener la promulgación de dichos reglamentos.
APE es la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior. Tiene 65 años de antigüedad y nuclea a 31 empresas dedicadas a esta industria.
APE junto a la CAA (Cámara Argentina de Anunciantes: agrupa a todas las empresas anunciantes Ej. Unilever), CAIL (Cámara Argentina de la Industria del Letrero y afines: agrupa a los fabricantes de los carteles, son proveedores de la industria, impresores de lonas, fabricantes de neón, etc) y la Cámara Argentina de Empresas de Vía Publica (defiende los intereses de las empresas que colocan dispositivos en Vía Publica) manifiestan su total disconformidad con el proyecto de Ley de Publicidad elaborado por el gobierno de Mauricio Macri.
La difusión de la postura de las cámaras del sector publicitario apunta, por un lado, a concienciar al Ejecutivo de que la nueva normativa no sólo es inaplicable tal como está, ya que ni siquiera contempla al código de planeamiento urbano de la ciudad, sino que además es discrecional y producirá el cese de un alto porcentaje de la industria.
Por otro lado, intenta persuadir al gobierno porteño para que dialogue con el sector que finalmente se verá afectado y contemple las sugerencias realizadas hace un año por una comisión integrada por las 4 cámaras, que desde entonces advierten sobre el desorden existente en la vía pública.
Origen del conflicto
La publicidad en vía pública esta regulada desde el año 1986 por la Ordenanza 41.115/85. Todas las empresas que realizan esta actividad deben colocar sus anuncios de acuerdo a lo normado por esta Ordenanza.
Durante los últimos 10 años el control por parte de la autoridad de aplicación fue nulo o ineficiente. Esto generó un desmadre en la actividad, a tal punto que la ecuación económica de las empresas del sector es en numerosas ocasiones deficitaria debido al exceso de oferta.
La llegada de nuevas autoridades al gobierno de la Ciudad implicó un cambio en materia de políticas de Espacio Público. Uno de los planes que la nueva gestión anunció luego de asumir es el ordenamiento de la vía pública y uno de los caminos a través del cual anticipó que buscará alcanzar este objetivo es la aprobación de una nueva ley de Publicidad.
Hasta aquí podría decirse que no hay motivos para estar en desacuerdo, es sabido por todos, y reconocido por las mismas empresas que se dedican a la publicidad exterior, que Buenos Aires presenta un desorden manifiesto en materia de regulación de esta actividad y carece del control pertinente sobre los dispositivos sobre los cuales se colocan los anuncios, se pegan afiches o se instalan marquesinas.
De hecho, las empresas dedicadas a este rubro no sólo reconocen este caos imperante en el Espacio Público, sino que fueron ellas mismas las que a fines de 2007 se juntaron a discutir acerca de esta problemática y, juntas, las 4 cámaras que aglutinan al sector, elevaron a la legislatura un proyecto de ordenamiento de la actividad.
El proyecto de las cámaras, básicamente, planteaba la necesaria regulación de los dispositivos contemplados dentro de la ley, proponía la apertura de un registro de empresas, que garantizara la adecuada inscripción, reglamentación y localización de cada uno de los involucrados en esta industria, y reconocía, por sobre todas las cosas, que existe un desmadre en la actividad pero que las principales perjudicadas son las mismas empresas que la componen.
Es decir, la primera en advertir la necesidad de regular la actividad, optimizar el control por parte del Estado y desterrar la ilegalidad – que fomenta el caldo de cultivo de la corrupción – fue la propia Asociación y en ese sentido tuvo una actitud preactiva formulando, mucho antes del proyecto de Código de Macri, una propuesta destinada a regularizar las anomalías. Por lo tanto la APE no solo no se opone a una regulación, sino que la alienta.
Sin embargo, desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri el sector intentó contactar al Ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, con el fin de explicarle la problemática, ofrecer una autorregulación, que el gobierno colabore con el poder de policía, y de esa manera proyectar que en un plazo de seis meses se alcanzara el objetivo común: una ciudad con los dispositivos publicitarios colocados de acuerdo a la norma (Ord. 41.115/85). Si a partir de ahí el Ejecutivo no comprobaba que se reducían los dispositivos a un 50%, se trabajaría en un nuevo Código que limite la actividad.
Mientras, Piccardo evitaba encontrarse con los representantes del sector publicitario y el Ministerio de Espacio Público elaboraba el nuevo Proyecto de Ley de Publicidad Exterior, el cual es una replica del Código de la Ciudad de Madrid.
Una vez terminado el plan, convoca a la Asociación (APE) para informarles que lo iba a elevar a la Legislatura, sin ningún tipo de discusión o lugar para el consenso.
La APE, una vez conocido el Proyecto, le envía una carta al Ministro haciéndole conocer su descontento y explicándole que es “una Ley inaplicable en la Ciudad de Buenos. Aires”.
Lo que plantea APE es que el código oficial es inconsulto, no recoge la opinión y experiencia de los actores directos y es discriminatorio. El proyecto apunta a mutilar una industria, con la consecuencia de la pérdida de una enorme cantidad de puestos de trabajo (en una actividad donde la mano de obra es un componente decisivo) y que no registra antecedentes en la ciudad. La industria publicitaria incluye además a centenares de actores económicos; proveedores de las misma, muchos de ellos artesanales que se verían perjudicados con la nueva legislación. Entre ellos: proveedores de hierro, papel, chapa, y mano de obra como herreros, electricistas, etcétera. Se estima que se perderán alrededor de 4 mil puestos de trabajos, sin contabilizar los que se verán afectados indirectamente por la merma de esta actividad.
Otra consecuencia negativa del proyecto será, principalmente, la concentración de la publicidad de la vía pública en muy pocas manos (fortaleciendo el oligopolio del Mobiliario Urbano) y el inmediato encarecimiento de los espacios. El acceso a estos sitios de difusión será cada vez más costoso, lo cual restringirá la participación de las empresas más chicas, impedirá numerosas campañas destinadas al bien público y, en definitiva, limitará la actividad económica en general y la libre competencia.
Aquí les dejo los avisos que podran ver en la vía pública:
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Comentarios
Cristóbal Dominguez
Julio 31, 2008 a las 6:29 pm #Soy gerente de una PYme y compré medios en vía pública varias veces que no tuvieron efecto sobre mis ventas. Es más, cubrieron mis carteles con otra publicidad días despues de haberla colocado. Cero credibilidad, sin mencionar negociado y coimas que se mueven en ese mundo.
Tomas
Julio 31, 2008 a las 7:57 pm #Soy fabricantes de pantallas de Led fullcolor para publicidad en la vía publica. Esta ley que alcance tiene?
Ricardo
Agosto 1, 2008 a las 10:51 am #En realidad en el día de ayer se derogo la ley que se había enviado a la legislatura y los actores de la vía pública están trabajando con el gobierno para sacar una ley consensuada donde Led serian uno de los elementos que quedarían con ciertas regulaciones especificas